Es un movimiento que une a centenares de organizaciones de toda España y cuyo objetivo es poner en valor la actividad productiva y social del medio rural.
La plataforma SOS Rural anuncia manifestación en Madrid el 14 de mayo
El 23 de enero de 2022 la asociación Alma Rural organizó en Madrid una manifestación para protestar por la situación que atravesaba su sector, que consideran que estaba seriamente amenazado por múltiples motivos. Ese día, según los datos de la propia organización, más de 150.000 personas respondieron a la llamada y acudieron para alzar la voz y reivindicar el papel del mundo rural. Sólo unos días más tarde desde Alma Rural comenzaron a gestar el nacimiento de un nuevo movimiento que ha visto la luz: SOS Rural.
El mundo rural emplea a más de 2.412.400 personas, según el último informe del Comité Económico y Social de España, y su actividad económica comprende nada menos que el 85% del territorio español. Más de 7.5 millones de personas viven en la actualidad en poblaciones rurales y, pese a ello, estas áreas siguen siendo las más olvidadas de cualquier política pública.
SOS RURAL expone su decálogo :
Proteger el mundo rural con un marco regulatorio que defienda la economía rural de forma integral
Uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos y prohibición por ley de cualquier otro uso industrial que lo sustituya en las tierras de regadío.
Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.
El cumplimiento íntegro de la ley de Cadena Alimentaria. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de los alimentos y de los productos necesarios para la cadena de suministro agrícola, especialmente los fertilizantes. A pesar de que las normas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria son recientes, no responden suficientemente a los problemas del campo. Es
la economía rural la que soporta, junto a los consumidores, las subidas de precio que amenazan la subsistencia de nuestros agricultores y ganaderos.
El cumplimiento íntegro de la ley de Cadena Alimentaria. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de los alimentos y de los productos necesarios para la cadena de suministro agrícola, especialmente los fertilizantes. A pesar de que las normas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria son recientes, no responden suficientemente a los problemas del campo. Es la economía rural la que soporta, junto a los consumidores, las subidas de precio que amenazan la subsistencia de nuestros agricultores y ganaderos.
Potenciar la ganadería y la cría de pequeños animales.
Realizar un “análisis de impacto social, económico y ambiental del medio rural” antes de llevar a cabo iniciativas legislativas en la España Rural, ya de por sí vaciada.
Mejorar la gestión del agua mediante la revisión del marco regulatorio y el establecimiento de un Plan Hidrológico Nacional
Ha fracasado la Directiva Marco del Agua publicada en el 2000, que requiere que España invirtiera para conseguir ríos, lagos, estuarios, aguas costeras y aguas subterráneas limpias y sanas. Sin embargo, más de veinte años después, nuestras aguas siguen contaminadas, como ejemplifica el caso del Mar Menor, cuyo plan de recuperación y protección es incumplido por las autoridades. Aún es peor: se acusa al mundo rural de la contaminación de las aguas de forma ilegítima mientras se omite deliberadamente el impacto de los vertidos de aguas urbanas y los desbordes del alcantarillado público en la contaminación del agua.
La falta de una infraestructura de aguas pública que funcione para evitar la contaminación es un mal que afecta a todo el país, y por ello necesitamos un Plan Hidrológico Nacional que garantice el abastecimiento y la distribución del agua en todo el territorio. Pedimos una Política Hidrológica que favorezca el desarrollo socioeconómico y agroalimentario, que respete los regadíos y garantice los caudales trasvasables. Un Plan Hidrológico con criterios técnicos, no políticos, y basado en el principio de solidaridad.
Defender la agricultura frente a la competencia desleal
de terceros países
Carece de todo sentido restringir la agricultura mediante normas cada vez más estrictas mientras se importan productos agrícolas de regiones fuera de la Unión Europea con normas menos estrictas. Por un lado, se somete a los agricultores y ganaderos europeos a una hiper-regulación injustificada que amenaza la viabilidad de la vida en el campo. Por otro lado, se alcanzan acuerdos comerciales con terceros países que son potencias agrícolas y que no responden a ningún estándar medioambiental. Una contradicción que, de paso, liquida nuestro sector primario.
Plan Nacional contra la España Vaciada
Transporte
La infraestructura es uno de los elementos fundamentales para la protección de la sociedad rural. Hay que dotar a los transportistas de alimentos de garantías de precios dignos para que puedan conectar el mundo rural con las ciudades.
Digitalización
La vitalidad de nuestras comunidades locales dependerá completamente del acceso a banda ancha rápida. Una conexión de banda ancha segura y rápida es crucial para la vida rural, para acceder a los servicios públicos y poder aprovechar las posibilidades de la digitalización.
Trabajo y emprendimiento
Uno de los objetivos prioritarios de la política rural debe ser la capacidad de las zonas rurales para aprovechar las condiciones para el emprendimiento; el empleo debe ser sostenible a largo plazo. Dentro del empleo, se deben fomentar medidas para mejorar las condiciones de la profesión del ingeniero técnico agrícola y del ingeniero agrónomo. La labor de este colectivo ha sido y será el de soporte técnico a los agricultores para ayudar a implementar nuevas herramientas y tecnologías que favorecen la compatibilidad de la actividad agrícola y el entorno.
Defender la pesca y caza tradicionales dentro de las estrategias de biodiversidad
La legislación debe evitar la instrumentalización ecologista y la imposición de medidas restrictivas sobre los usos y aprovechamientos en la naturaleza. Al contrario, el nuevo marco regulatorio debe estar basado en un ecologismo científico, fundamentado en el rigor y consenso científico en todas las decisiones que afectan al mundo rural. Debe existir igualdad de representatividad y legitimidad en la interlocución con las instituciones europeas que las dispensadas a movimientos y organizaciones ecologistas.
